EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA. Europa en un periodo de transición

EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA 84 de género y los modelos de rol tradicionales son eviden- tes en la pandemia. En este sentido, la Comisión hace hincapié en la lucha contra la pobreza, en permitir la movilidad social a través de salarios mínimos a prueba de pobreza, en crear una mayor igualdad de ingresos y de género en caso de choques económicos y en los próximos procesos de transformación digital y verde de la economía (Comisión Europea, 2020b). Una perspectiva renovada: el plan de acción para una Europa social Tras su relevante preparación por las presidencias del Consejo alemana y portuguesa, el tema de la Europa social cobró con la pandemia una nueva importancia en la agenda política. Cuando el virus llegó a Europa, los planes presentados en 2019 en la toma de posesión de la nueva Comisión Europea para un marco europeo de salarios mínimos, un reaseguro de desempleo común y una garantía infantil europea contra la pobreza y la exclusión social no estaban listos, y tampoco lo estaba el plan de acción previsto para la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS), proclamado en 2017 pero aún carente de objetivos concretos, de ins- trumentos y de carácter jurídicamente vinculante (Hacker 2019). Esos proyectos empezaron entonces a implemen- tarse en medio de la crisis, empezando por el SURE, que puede interpretarse como el embrión del seguro europeo de desempleo, para el fomento a escala internacional de medidas de reducción temporal de jornada. Tras un proceso de consulta con las organizaciones de empresarios y los sindicatos, la Comisión Europea (2020a) publicó una propuesta de directiva europea para un marco salarial mínimo. Si bien es cierto que el artículo 153 (5) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro- pea (TFUE) excluye explícitamente las remuneraciones de la regulación supranacional, también lo es que la Comi- sión se apoya en los Estados miembros para garantizar unas condiciones de trabajo justas en virtud del artículo 153 (1b), ámbito en el que puede adoptar normas mí- nimas para su aplicación en los Estados miembros. El objetivo declarado es poder reducir en cierta medida la diferencia entre los salarios bajos y los altos y evitar la pobreza laboral. La crisis de la covid-19 ha proporciona- do a la Comisión argumentos adicionales para abordar la cuestión de los ingresos adecuados en el sector de los bajos salarios. Esto incluye disposiciones a nivel de la Unión para la definición a nivel nacional de criterios claros para el alcance y el ajuste de los salarios mínimos legales y para la participación de los interlocutores so- ciales. Los países que no tienen un salario mínimo legal, como los países escandinavos, Austria e Italia, donde se aplican normas de salario mínimo acordadas a través de la negociación colectiva, no se ven afectados por este mecanismo. En cambio, las otras medidas de control re- gulado del desarrollo y la aplicación del salario mínimo, así como el refuerzo de la negociación colectiva, están dirigidas a todos los Estados miembros de la UE. Este último criterio establece un límite inferior de al menos el 70% de cobertura de la negociación colectiva de los trabajadores, mientras que la Comisión se abstiene de fijar una norma salarial mínima cuantitativa del 60% del salario medio nacional, como exige la Confederación Europea de Sindicatos (Schulten et al. 2015: 345-348). Ello se debe, por un lado, a la reticencia de muchos Es- tados miembros frente a una injerencia de la UE en la autonomía de los agentes sociales nacionales a la hora de negociar los convenios colectivos y en los mecanismos nacionales de determinación de los salarios, mientras que, por otra parte, ahí también influye seguramente el hecho de que (según datos de 2018) solo cuatro Estados miembros —Francia, Portugal, Eslovenia y Rumanía— superan ese objetivo mínimo del 60% de la mediana del salario. Se aspira a que el Consejo llegue a un acuerdo sobre ese punto antes de que termine 2021. En la Cumbre Social de la UE celebrada en Oporto el 7 de mayo de 2021, las instituciones europeas y los Estados miembros se comprometieron con el plan de acción de la ESSR propuesto por la Comisión. El propósito de ese plan es fijar objetivos, en forma de valores cuantitativos que deberán alcanzarse de aquí a 2030, para dotar de