EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA. Europa en un periodo de transición

EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA 94 paña y Francia son los principales beneficiarios, y recibirán conjuntamente más del 50 % del total. La distribución en 2023 del 30 % restante se ajustará teniendo en cuenta la contracción económica efectivamente registrada en los distintos países en 2020 y 2021. Los créditos pueden solicitarse por cualquier Estado miembro antes de diciembre de 2023 en la cuantía que estimen necesaria y hasta un máximo del 6,8 % de la renta nacional bruta (RNB) del Estado miembro, sin obviar que son préstamos que implican una mayor condicionali- dad y que, sobre todo, computan en el nivel de deuda de cada país. Hasta el momento, solo siete Estados miembros han solicitado los recursos vía préstamos, de los que Gre- cia, Italia y Rumanía lo han hecho por la totalidad de la cuantía asignada; el resto de Estados miembros podrán recurrir a los créditos más adelante si lo consideran ne- cesario. Menos reparos han provocado las transferencias del plan, para las que todos los Estados miembros han solicitado la práctica totalidad de los importes asignados. Los planes de recuperación de los Estados miembros: en busca de una estrategia conjunta La gobernanza del Plan de Recuperación y Resiliencia compete principalmente a la Comisión en cuanto a la guía, evaluación y supervisión de la acción de los Estados miembros, con el fin de impulsar reformas estructurales en línea con sus prioridades y recomendaciones. Esta go- bernanza se incorpora en el marco del Semestre Europeo como principal instrumento de coordinación de la política económica en la Unión, de forma que todos los Estados miembros deben presentar un plan de recuperación y resiliencia para acceder a los fondos, que es evaluado por parte de la Comisión y, una vez aprobado, da paso a los desembolsos. Además, incluye cierta condiciona- lidad, ya que los Estados miembros están obligados a presentar estos proyectos de inversión y reformas sobre la base de las recomendaciones formuladas anualmente por la Comisión que, aunque ya estaban presentes en el Semestre Europeo, no eran atendidas suficientemente por los Estados miembros. Por consiguiente, para el despliegue y acceso a los fondos del MRR, los Estados miembros han elaborado sus planes de recuperación nacionales, donde recogen el conjunto de reformas e inversiones que persiguen realizar. Desde finales de abril se empezaron a presentar los distintos planes y la Comisión ya ha evaluado posi- tivamente muchos de ellos, evaluaciones que han sido ratificadas para su aprobación por el Consejo Europeo, que ha dado luz verde a los primeros desembolsos, co- rrespondientes al 13 % de prefinanciación. La Comisión ha considerado que dichos planes abordan eficazmente los desafíos identificados en las recomendaciones específicas de cada país, contienen medidas que impulsan eficazmente la transición verde y digital y contribuyen a reforzar el potencial de creci- miento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro. Se trata de velar por que el proceso de recuperación y transformación del modelo de crecimiento sea equitativo y evite desigualdades entre los europeos, garantice el apoyo de todos los sectores de la sociedad y contribuya a la cohe- sión social, económica y territorial. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de asegurar esta recuperación inclusiva que, a nivel europeo, supone abordar cuestiones que afectan a la equidad y a la cohesión, como la prepa- ración y la resiliencia de los sistemas nacionales de salud y protección social, la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, los cuidados de larga duración y los sistemas de atención a la infancia o el cambio demográfico. Así, los planes de recuperación deberían incluir me- didas orientadas a reforzar la cohesión social y territorial de la Unión, fortalecer la resiliencia económica y social de cara a futuras crisis, así como la capacidad de ajuste y el potencial de crecimiento de los Estados miembros, miti- gar el impacto social y económico de la crisis a partir de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, apo- yar la transición verde, con el logro de los objetivos cli- máticos para 2030 y de neutralidad climática para 2050, y la transición digital. Todo ello con el fin de contribuir a