EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA. Europa en un periodo de transición

EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA 96 Aunque los planes debían atender también al obje- tivo de lograr economías más resilientes de cara al fu- turo, con carácter general existe poca concreción de las acciones orientadas a tal fin, y menos aún indicadores que permitan evaluar su logro, cuando la mejora de la cohesión económica, social y territorial es uno de los ele- mentos clave para alcanzar esa resiliencia. De hecho, las orientaciones de la Comisión y los planes de los Estados miembros no definen claramente, ni siquiera a modo de reflexión, cómo alcanzar dicha resiliencia, siendo un ob- jetivo ambiguo que se induce que se logrará con la propia recuperación y las inversiones y reformas adoptadas. A excepción de algunos países, los planes adolecen de actuaciones claras en el ámbito de la cohesión social y territorial. Sí destaca claramente Italia, cuyo plan con- templa como uno de sus objetivos prioritarios superar la barrera norte/sur y reforzar la cohesión territorial a nivel interno (de hecho, el 40 % del plan se destina a las re- giones del sur de Italia), o también España y Grecia, que han incluido inversiones y reformas con este fin en los sistemas educativos, el mercado de trabajo, los sistemas de salud y cuidados, la Administración pública, el sistema judicial, el sistema fiscal o el marco regulatorio para la actividad empresarial. A ello se une, además, que en general todos los planes obvian los riesgos en los que pueden incurrir muchas de las medidas planteadas y los costes que lle- van aparejados, pero no se han tenido en cuenta con el fin de anticiparlos o contrarrestarlos. Las orientaciones de la Comisión únicamente recogían la necesidad de garantizar el principio de “no causar perjuicio signifi- cativo”, referida exclusivamente a que las actuaciones no dañen los objetivos medioambientales de la Unión. A este respecto, las evaluaciones preliminares de los planes concluyen que, en general, los planes no cumplen de forma estricta este principio, ya que no se detallan los riesgos y costes de algunas acciones concretas ni las medidas para contrarrestarlos (ZOE, Institute for future- fit economies, 2021). Además, falta una visión global a largo plazo de los objetivos de cambio y transformación estructural ante los retos existentes actualmente, especialmente desde la perspectiva de lograr que la Unión Europea en su conjunto transite hacia una senda de crecimiento soste- nible e inclusivo. De hecho, el planteamiento que se ha adoptado para los planes de recuperación es a corto y medio plazo, atendiendo a la senda financiera estableci- da, pero muchas de las actuaciones, sobre todo aquellas que implican un cambio estructural, son proyectos de largo recorrido cuyas consecuencias se proyectarán en los próximos años. De ahí que se eche en falta una eva- luación más detenida de los impactos no deseados y de los riesgos de las inversiones proyectadas y la posibilidad de establecer mecanismos compensatorios, garantizando una transición justa hacia el nuevo modelo y atendiendo a una de las prioridades de los planes, que es garantizar la cohesión social y territorial. La transición ecológica ofrece un claro ejemplo sobre esta cuestión. La lucha contra el cambio climático traerá consigo a medio plazo importantes costes de ajuste que, además, no recaerán de manera homogénea ni en las economías ni en las sociedades de los distintos Estados miembros. Las medidas puestas en marcha para lograr la transformación ecológica han provocado un cierto rechazo social, ya que solo se conocen los costes que generan, mientras que los beneficios de la descarbo- nización no son aún percibidos por una gran parte de la sociedad. Las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia en 2018 por el incremento de los impues- tos a los carburantes o el malestar que han generado las subidas de los precios de la electricidad en España, principalmente por el encarecimiento de los derechos de emisiones de CO 2 , son muestras de ello. Pero también la rápida transformación digital, otro de los vectores vertebradores del plan, sobre la que el punto de parti- da de los diferentes Estados miembros es muy dispar, puede provocar exclusión por una menor adaptación por razones socioeconómicas de determinada parte de la población o ampliar las brechas entre los territorios rurales y urbanos, lo que añadiría un desafío más a la hora de que la recuperación favorezca la convergencia intracomunitaria.