EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA. Ante una nueva legislatura europea

Pacto Verde Europeo y gravámenes para la descarbonización 117 “Objetivo 55” marca un exigente hito intermedio para la UE en 2030: reducir las emisiones netas de carbono en, al menos, un 55%, con respecto a los niveles de 1990. Los datos que avalan esta elevación de la ambición de la UE son incontestables. Según los sucesivos informes de síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), órgano de la ONU encargado de asesorar científicamente en todo aquello relacionado con el cambio climático, los esfuerzos lleva- dos a cabo hasta ahora por los países para reducir sus emisiones no son suficientes para conseguir alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar en este siglo el calentamiento global a 1,5 grados o a 2 grados. Por su parte, la Organización Meteorológica Mun- dial señaló en mayo de 2023 que existe un 66% de probabilidades de que la temperatura media mundial supere, aunque sea transitoriamente, los 1,5 grados en los próximos cinco años. Se hace, pues, indispensable un cambio en las polí- ticas climáticas vigentes para que los objetivos interna- cionalmente acordados no queden totalmente fuera de alcance. Ello implica que los planes nacionales de energía y clima que los Estados presentan periódicamente y en los que estos definen sus propios objetivos de descarbo- nización, establezcan un ritmo mucho más intenso de reducción de las emisiones de GEI de aquí a 2030. Ade- más, conforme al sexto informe del IPCC recientemente publicado, todos los sectores económicos deberían con- tribuir a lograr estos objetivos más exigentes. En este sentido, la Presidencia española de la UE, que empezó en julio de 2023, debería dar el impulso necesario para llegar a la 28.ª Conferencia de las Partes en Dubai en diciembre de 2023 (COP 28) con los planes de energía y clima de los Estados miembros revisados conforme a las nuevas ambiciones fijadas por la UE. No hay que olvidar que la UE aprobó ya en 2021 la Ley Europea del Clima, justamente para blindar y otorgar un carácter vinculante, tanto al compromiso europeo de convertirse en un continente neutro en carbono en 2050, como al de elevar su objetivo intermedio (2030) de re- ducción de las emisiones al 55%. Asimismo, el plan “Objetivo 55” va a exigir la adap- tación a estas nuevas metas de la legislación europea vigente en materia de clima, energía, transporte, uso del suelo y fiscalidad. Concretamente, la Comisión ha pre- sentado una serie variada de instrumentos legislativos que afectan, entre otros, a campos tan diferentes como el mayor uso de las energías renovables (un 40% de la energía consumida), más eficiencia energética (espe- cialmente la relativa a los edificios), un despliegue más rápido de los modos de transporte de bajas emisiones y de la infraestructura y los combustibles alternativos para sostenerlos o la preservación y potenciación de nuestros sumideros naturales de carbono. Pero en los próximos epígrafes se analizarán, por su especial relevancia a la hora de alcanzar una economía “cero-neta” en emisiones, dos medidas integrantes del paquete “Objetivo 55” que han sido aprobadas en abril de 2023 por el Parlamento Europeo y el Consejo: la re- visión del régimen europeo de derechos de emisión y el arancel al carbono en frontera. Se trata de instrumentos correctores del mercado, en el sentido de que envían a este unas señales de precio adaptadas a los objetivos descarbonización internacio- nalmente acordados. El régimen de derechos de emisión, la clave de bóveda de la política climática de la UE Desde que fuera creado en 2005, el régimen de dere- chos de emisión (RCDE) es el principal instrumento de la política climática con el que cuenta la UE y su reforma actual una parte clave de la estrategia contenida en el Pacto Verde Europeo. La UE ha sido la pionera en utilizar los mercados de carbono como estrategia para reducir la descarbo- nización del sector energético y de la industria. Varios países y zonas del mundo han ido adoptando (o están en vías de adoptar) sistemas similares al establecido en Europa. Otros países, por el contrario, han preferido uti- lizar métodos distintos para alcanzar las metas de des-