EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA. Ante una nueva legislatura europea

EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA 122 Como se ha señalado anteriormente, este arancel pre- tende aplicar a los productos importados unos precios de carbono equivalentes a aquéllos pagados por los pro- ductos europeos, de tal manera que el coste soportado por ambos tipos de producto sea el mismo. No ocurre lo mismo con la nueva ley climática de EE. UU, la llamada Ley para la Reducción para la Inflación, que otorga, a través de la concesión selectiva de subvenciones y beneficios fiscales a su industria verde, un tratamiento “preferencial” a la producción local frente a la producción de bienes importados ( local content requirements ). Es verdad que, para evitar todo riesgo de violación de las normas de la OMC por parte de la UE, es importante que la introducción del CBAM avance en paralelo a la retirada de las concesiones gratuitas de derechos de emi- sión en favor de ciertos sectores industriales europeos. En este punto hay que recordar que la reforma apro- bada en abril ha previsto que la supresión progresiva de los permisos gratuitos empiece en octubre de 2023 y se culmine en 2034. Hubiera sido deseable una eliminación más rápida de aquéllos para evitar cualquier falta de sin- cronía en el proceso arriba descrito. Es importante resaltar que el CBAM y los derechos gratuitos de emisión no pueden coexistir respecto de un mismo tipo de productos en ningún momento. Ello sería tanto como exigir a los productores extracomunitarios un precio al carbono, mientras que se exime del pago del mismo a la industria europea. En ese caso, nos en- contraríamos ante un claro supuesto de discriminación comercial contrario a las normas de la OMC. El CBAM como instrumento clave de la dimensión exterior del Pacto Verde Europeo de cara a aumentar los estándares medioambientales globales Otra prueba de que el CBAM no es intrínsecamente discriminatorio ni proteccionista reside en el objetivo principal que persigue. Este no es el de proteger a los productores nacionales, ni siquiera el de obtener recursos públicos adicionales, sino incentivar a los Estados terce- ros a que aumenten su ambición climática, en línea con los objetivos acordados internacionalmente. De hecho, para la UE lo ideal sería que el CBAM acabe por no tener que pagarse. Ello significaría que las otras partes del mundo han establecido unos pre- cios al carbono equivalentes a los europeos y que, por consiguiente, se han “inmunizado” a la aplicación del CBAM. En este sentido, ya hay cincuenta naciones que han adoptado mercados domésticos de carbono simila- res al europeo y otros veintitrés que están considerando hacerlo. Otra posibilidad para evitar el arancel es que el país en cuestión esté utilizando un método distinto al de poner precios al carbono, pero igualmente efectivo a la hora de cumplir los objetivos internacionales de descarbonización. En cualquier caso, los altos estándares que la UE se ha autoimpuesto, especialmente tras la reforma aprobada en abril, legitiman a Europa para lanzar una fuerte señal al resto del mundo sobre la necesidad urgente de aumentar la ambición de las políticas ambientales nacionales, y así poder hacer frente a la creciente emergencia climática. Además, el promover una tarificación del carbono a nivel mundial contribuirá decisivamente a la financiación de las políticas climáticas, como ha señalado la presidenta de la Comisión en la Cumbre de París de junio de 2023. Y es aquí donde el papel del CBAM se vuelve clave, ya que está diseñado para estimular la acción climática de sus socios comerciales. En este sentido, el CBAM cons- tituye un poderoso instrumento geopolítico expresión del cada vez más importante poder regulatorio de la UE en el mundo. Efectivamente, Europa condiciona con este mecanis- mo en frontera el acceso a su potente mercado interior a que las empresas de terceros países cumplan con unos estándares medioambientales que la UE ha definido tam- bién para sus propios productores. De esta manera, si los importadores desean mantener un acceso competitivo al mercado único, y no ser penalizados con este arancel, se van a ver obligados a innovar y a reducir las emisiones generadas en sus procesos de producción.