EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA. Ante una nueva legislatura europea

EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA 48 gún desembolso hasta que se modifique la legislación atentatoria contra el principio de independencia judicial de 2019. Y esta es, precisamente, la gran arma suplementaria de la que se dispone institucionalmente sin necesidad de activar el artículo 7 TUE o ante el temor de que el mis- mo sea inaplicable. Me refiero a la aplicación del nuevo régimen de condicionalidad presupuestaria establecido por el Reglamento 2020/2092 sobre cuya estructura y análisis me remito a mi contribución al informe de la Fundación del año 2022 25 . Y este mecanismo es el que se ha aplicado por primera vez a Hungría mediante la decisión de ejecu- ción del Consejo 2022/2506 de 15 de diciembre sobre medidas para la protección del presupuesto de la Unión frente a la vulneración de los principios del Estado de derecho en Hungría 26 . En esta decisión el Consejo ha impuesto medidas para la protección del presupuesto de la Unión frente a las consecuencias de la vulneración de los principios del Estado de derecho por parte de Hungría en lo que respecta a la contratación pública, la eficacia de la acción judicial y la lucha contra la corrup- ción en Hungría, suspendiendo aproximadamente 6300 millones de euros en compromisos presupuestarios, lo que supone en torno al 55% de los créditos de los pro- gramas presupuestarios UE afectados por la suspensión. Esta suspensión se levantará a partir del momento en el que Hungría adopte las medidas correctoras fijadas en la decisión y la Comisión irá presentando al Consejo a estos efectos informes trimestrales hasta el momento en el que considere que se puede levantar la suspensión. Conforme al procedimiento previsto en el Regla- mento 2020/2092, este procedimiento se inició por la Comisión el 27 de abril de 2022 mediante notificación formal al Gobierno húngaro para que pudiera responder a los elementos críticos estimados por la Comisión; y tras una serie de intercambios en los que el Gobierno hún- garo no dio respuestas satisfactorias desde el punto de 25  Véase nota 2, en particular las páginas 66-8. 26  DOUE L 325 de 20.12.2022, pp. 94 y ss. vista de la Comisión en cuanto a la adopción de medidas correctoras, la Comisión adoptó una propuesta formal de propuesta de decisión de ejecución el 18 de septiem- bre de 2022. En la decisión del Consejo de diciembre se consideró por mayoría cualificada que Hungría tiene que adoptar medidas legislativas formales en los cuatro ámbitos siguientes: − Irregularidades, deficiencias y carencias sistémicas en la contratación pública, con un funcionamiento inadecuado de las autoridades nacionales que ejecu- tan el presupuesto de la Unión en el contexto de los procedimientos de contratación pública (por ejem- plo, participación de un único licitador, atribución de contratos a empresas específicas con una cuota de mercado importante, deficiencias graves en la atri- bución de acuerdos marco, etc.). − Fideicomisos de interés público: dado que no están sujetos a normas en virtud de las directivas de la UE sobre contratación pública, con sus problemas recurrentes relacionados con conflictos de intereses y la transparencia (por ejemplo, miembros del fidei- comiso no sujetos a los requisitos sobre conflictos de intereses, normas sobre conflictos de intereses no aplicables a los diputados, secretarios de Estado y otros funcionarios públicos del Gobierno que pue- den ejercer al mismo tiempo como miembros de los consejos de administración de dichos fideicomisos). − Limitaciones a la investigación y el enjuiciamiento efectivos de presuntas actividades delictivas, la or- ganización de los ministerios fiscales y la falta de un marco de lucha contra la corrupción que funcione y sea eficaz en la práctica (por ejemplo, falta de re- cursos judiciales efectivos por parte de un órgano jurisdiccional independiente contra las decisiones del ministerio fiscal de no investigar ni enjuiciar su- puestos casos de corrupción, fraude y otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, o falta de obligación de motivar los casos de fraude y corrupción atribuidos o reasignados). − La falta de una estrategia general de lucha contra la corrupción que abarque también los ámbitos más per-