EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA. Ante una nueva legislatura europea

Cinco años del pilar europeo de derechos sociales 85 importante en términos sociopolíticos a causa del intenso impacto de la inflación sobre el segmento salarial más bajo, puesto que aumenta el coste de la vida y agudiza la desigualdad de ingresos reales (Müller et al ., 2023). Divergencias sociales persistentes El aumento del coste de la vida también agrava el riesgo de pobreza o exclusión social, sobre todo para los hogares de rentas medias y bajas. Sin embargo, el indicador retros- pectivo AROPE ( At Risk Of Poverty and Exclusion , riesgo de pobreza o exclusión social) solo muestra un ligero in- cremento de 0,5 puntos porcentuales en toda la UE. Os- cila entre un mínimo de 21,1% de la población en 2019 a un 21,6% en 2020, 21,7% en 2021 y de nuevo 21,6% en 2022. Por lo tanto, el indicador AROPE se mantiene re- lativamente estable en la UE, lo que puede explicarse por las intervenciones políticas de gran alcance que apoyaron la demanda y ampliaron las prestaciones sociales en la pandemia y la crisis energética, tanto a escala nacional como europea. En términos absolutos, hablamos de 95,3 millones de personas en 2022, lo que sigue siendo una cifra elevada y se sitúa lejos del objetivo de reducción en 15 millones de personas desde los niveles de 2019, para llegar a 77,2 millones en 2030, tal y como se acordó en la Cumbre Social de Oporto, en 2021. Persisten grandes diferencias entre los Estados miembros de la UE: mientras que la República Checa (11,8%), Eslovenia (13,3%) y Po- lonia (15,9%) obtienen las cifras más bajas en 2022, los países del sudeste de Europa, Rumanía (34,4%), Bulgaria (32,2%) y Grecia (26,2%) se sitúan a la cabeza. Las personas más expuestas al riesgo de pobreza o exclusión social son los niños y niñas de la UE, con una tasa de vulnerabilidad del 24,7% de todos los menores de 18 años en 2022, casi dos puntos más que antes de la pandemia. La vulnerabilidad de los jóvenes entre 15 y 29 años también ha sido significativamente superior a la población general, con un 24,9% en 2022; lo mismo vale para las personas con discapacidad, cuya tasa AROPE ha sido del 28,8% en la UE en 2022. Como era de esperar, se produjo un aumento signi- ficativo de la pobreza energética entre la población de la UE tras el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Esta variable puede medirse con el porcentaje de hogares sin capacidad de mantener una temperatura suficiente. En 2021, esta tasa era del 6,9%; en 2022, del 9,3%, con un aumento mucho mayor entre las personas en riesgo de pobreza o exclusión, que pasaba del 16,4 al 20,2%. También son elevadas las diferencias entre Esta- dos miembros: en la población ya en riesgo de pobreza o exclusión, más de la mitad sufre pobreza energética en Chipre, cifra que apenas llega al 4% en Finlandia. En 2022, Francia (más de 8,8 puntos porcentuales), Portu- gal, Rumanía, Países Bajos, Eslovaquia, Letonia, Alema- nia e Irlanda (más de 4,1 puntos) registraron distintos incrementos por encima de la media en este grupo de población. Queda por ver si este problema se intensifica aún más en 2023 o si puede limitarse con medidas po- líticas para reducir los costes de la energía. En el cuadro de indicadores sociales asociado al PEDS, la mayoría de los indicadores considerados “críti- cos” en los Estados miembros apuntan a una bajada de la renta disponible de los hogares, un aumento del riesgo de pobreza y exclusión en la infancia, una reducción de la pobreza insuficiente merced a los sistemas de segu- ridad social y una elevada tasa de abandono escolar y formativo. Esto demuestra el grado en que las crisis de los últimos años consolidan las desigualdades y plantean retos a los estados del bienestar. El PEDS: creación de un nuevo instrumento en 2017 En 2016, la Comisión presentó un primer borrador del PEDS, que después fue adoptado por las tres grandes insti- tuciones de la UE –Parlamento, Consejo y Comisión– en la cumbre social de Gotemburgo (Suecia) el 17 de noviembre de 2017. Consta de tres capítulos: “Igualdad de oportuni- dades y de acceso al mercado de trabajo”, “Condiciones de trabajo justas” y “Protección e inclusión social”. Como