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EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA
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Se insta igualmente a los estados a intensificar
las tareas para el establecimiento de nuevos acuer-
dos de readmisión. Además, la Comisión exhorta
a los Estados miembros a ser más efectivos en la
aplicación de los acuerdos de readmisión ya sus-
critos, devolviendo sin dilaciones a un número
mayor de personas en el contexto de las opera-
ciones organizadas por la Guardia Europea de
Fronteras y Costas.
El Fondo Fiduciario de la UE para África es,
desde el punto de vista de la Comisión, la herra-
mienta crucial para combatir las redes de tráfico
y trata de personas. Continúan acordando
adoptar medidas adicionales, basadas en el re-
torno voluntario y evacuación, cuestión crucial
para los Estados miembros a los que se les con-
tinúa demandado financiación adicional.
Es importante reseñar el lamentable apoyo a
la Guardia Costera Libia que continúa prestán-
dose con el beneplácito de la Unión Europea,
que lleva a cabo las “labores” de contención y
control en el mediterráneo central. Se han re-
portado episodios de agresiones con pérdidas
de vidas humanas en su intento desesperado de
llegar a Italia huyendo del infierno en Libia.
Además, debemos condenar la obstaculización
de las labores de rescate que llevan a cabo las
ONG ante la desidia e indiferencia de las autori-
dades. Como muestra de ello, hay que destacar
que la operación Sophia ha participado en la for-
mación de más de 200 miembros de la Guarda
Costera Libia. Continúa la cooperación entre la
Guardia Costera Italiana y la de Libia.
Finalmente, el 20 de marzo de 2018 se cum-
plieron dos años del vergonzoso acuerdo UE/
Turquía, que marcó un punto de inflexión en la
mal llamada “crisis de refugiados europea”. La
declaración se enmarcó en el Plan de Acción
Conjunto que preveía medidas destinadas a re-
forzar la cooperación entre UE y Turquía para
aportar soluciones a la actual crisis migratoria.
Turquía se comprometió a aceptar la rápida de-
volución de los migrantes en situación irregular
y de los solicitantes de asilo llegados a Grecia
desde Turquía cuyas solicitudes de asilo fueran
declaradas inadmisibles. Por su lado la UE se
comprometió a aportar fondos a Turquía, acele-
rar la ejecución de la hoja de ruta para la libera-
lización de los visados y reactivar las negociacio-
nes de adhesión de Turquía a la UE.
Dos años después su aplicación continúa
provocando efectos devastadores en miles de
personas refugiadas. El acuerdo estableció res-
tricciones geográficas, de tal manera que las
personas que habían llegado a las islas no se
podían mover de las mismas. Esta decisión ha
provocado hacinamiento, frustración y condi-
ciones de insalubridad para las personas refu-
giadas, así como tensiones xenófobas en la po-
blación griega.
Con la llegada del invierno, la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
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se unió
a doce organizaciones para demandar al gobier-
no griego y a los líderes de la Unión Europea
poner fin a la “política de contención” que está
aumentando la desesperación de las personas
refugiadas obligadas a dormir en tiendas de ve-
rano a bajo cero y sin agua corriente. Algunos
de estos casos han sido llevados ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. A esto se une
la situación de abandono que sufren más de
54.000 personas atrapadas en diferentes pun-
tos del país.
Cerca de 30.000 personas llegaron a las islas
griegas en 2017, según datos de ACNUR. En los
últimos meses, el número de solicitantes transfe-
ridos a Atenas y a la península desde las islas ha
aumentado debido al aumento de llegadas a tra-
vés de la frontera terrestre greco-turca de Evros,
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https://www.cear.es/