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EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA
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El 27 de enero dimitió la ministra de Justicia,
Christiane Taubira, en desacuerdo con la posible
pérdida de nacionalidad de los sospechosos de
actividades ilícitas, que podría afectar incluso a
nacidos en Francia, convirtiéndolos en apátri-
das. En la votación para la reforma constitucio-
nal, 83 diputados del PSF votaron en contra, y
36 se abstuvieron (de un total de 384), mos-
trando la división de la socialdemocracia fran-
cesa ante un evidente recorte de las libertades
individuales, que es al fin un triunfo indirecto de
los terroristas.
El Consejo Europeo, por su parte, trató en-
seguida el asunto del terrorismo, buscando una
imprescindible coordinación entre los EM, aun-
que –como suele suceder– la puesta en marcha
efectiva de sus decisiones no ha sido tan rápi-
da. En una reunión informal en Bruselas el 12
de febrero, los jefes de Estado y de Gobierno
aprobaron una declaración en la que señalaban
las líneas de actuación en las que se trabaja-
ría en los meses siguientes, agrupadas en tres
apartados. El primero,
Garantizar la seguridad
de los ciudadanos
, incluiría la puesta en marcha
de un registro de nombres de pasajeros (PNR),
la intensificación de la cooperación de los ser-
vicios de inteligencia y las policías de los EM, a
través de Europol y la Unidad de Cooperación
Judicial de la Unión Europea (Eurojust), con ba-
ses de datos comunes y controles dentro de la
zona Shengen, medidas para prevenir la finan-
ciación del terrorismo y combatir el tráfico ilíci-
to de armas de fuego, y la elaboración de una
directiva sobre ciberseguridad. En el apartado
Prevenir la radicalización y defender los valores
se abordan las acciones más políticas, como la
creación de estrategias de comunicación para
fomentar la tolerancia y las libertades funda-
mentales, el desarrollo de iniciativas educativas
y de integración social para neutralizar los facto-
res de radicalización, y la eliminación en Internet
de contenidos que fomenten el terrorismo. El
apartado
Cooperar con nuestros socios inter-
nacionales
contempla abordar las crisis y los
conflictos en los países meridionales vecinos,
implicándose en cuestiones de seguridad y lu-
cha contra el terrorismo, incluyendo un diálogo
entre culturas, así como coordinar esa lucha en
el marco de Naciones Unidas y con otras inicia-
tivas regionales.
El 28 de abril, la Comisión presentó una
Agenda Europea de Seguridad 2015-2020 que
recoge y desarrolla las líneas de acción señaladas
por el Consejo Europeo, en la que se incluye la
creación de un Centro Europeo de Lucha contra
el Terrorismo, que reforzará las capacidades de
Europol en este ámbito. El Consejo de Justicia
y Asuntos de Interior está abordando, aunque
parece que no con la rapidez suficiente, la apli-
cación de las medidas aprobadas. En su reunión
del 21 de noviembre abordó, además del refuer-
zo de los controles en las fronteras exteriores del
espacio Shengen y la necesidad de mejorar la
respuesta judicial, la urgencia de llevar a térmi-
no la Directiva sobre el PNR. Finalmente, el 10
de diciembre, la Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento
Europeo, que se había opuesto reiteradamente
a esta medida por considerar que atentaba con-
tra la Directiva de protección de datos, aprobó
un principio de acuerdo sobre el PNR, aunque
con severas limitaciones, que debe ser todavía
ratificado por el pleno de la Eurocámara.
Muchas de las medidas que se están adop-
tando, tanto a nivel nacional como de la UE,
han suscitado una grave preocupación en am-
plias capas de la población europea, que teme
que se estén poniendo en juego, en nombre de
la seguridad, parcelas de la libertad individual
que es el valor más preciado de nuestras de-
mocracias. Según estos sectores, las medidas
que se adopten y que puedan limitar, por poco