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LA UNIÓN EUROPEA ANTE EL TERRORISMO YIHADISTA Y EL CONFLICTO DE ORIENTE MEDIO
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Las medidas antiterroristas. Seguridad
versus
libertad
Sociedades abiertas, como las europeas, en las
que se protege la privacidad y toda clase de
libertades, incluido el desplazamiento sin con-
troles entre países dentro del área Schengen,
hacen a Europa aparentemente más vulnerable
a la infiltración u organización interna de pe-
queños grupos, o individuos aislados, capaces
de cometer atentados muy sangrientos. No obs-
tante, no se debe magnificar el efecto de esta
aparente debilidad, ni vincular mayor libertad
con menor seguridad, lo que nos llevaría a tra-
tar de restringir la primera para incrementar la
segunda. Esto no solo sería un error que afecta-
ría a los principios políticos democráticos, sino
que además es una correlación falsa, como lo
demuestran los atentados que han tenido lugar
en países con mucho mayor control de la pobla-
ción, como Egipto o Indonesia.
Los atentados de 2015, sumados a otros an-
teriores que ya hemos mencionado, y especial-
mente los de París en noviembre, y Bruselas en
marzo, cuando estas ciudades se encontraban
en estado de alerta y vigilancia reforzada, han
llevado a la conclusión de que, aunque se re-
duzca el riesgo, es extremadamente difícil llevar
ese riesgo a cero, y por tanto las probabilidad
de que haya nuevos atentados en el futuro es
alta, y así lo ha advertido la Oficina Europea de
Policía (Europol), la agencia europea encarga-
da de prevenirlo y combatirlo. Se teme incluso
que los terroristas pudieran conseguir agresivos
químicos o radiactivos. La conciencia de esta
amenaza es diferente entre los EM de la UE. En
los que están alejados geográficamente del área
de inestabilidad del Mediterráneo o tienen poca
población musulmana, la percepción del riesgo
es menor, aunque ninguno esté exento, como
prueban los atentados en Dinamarca, mientras
que los que han sufrido los ataques más san-
grientos han traducido su preocupación en me-
didas concretas, en ocasiones polémicas, para
reforzar su seguridad.
El mejor ejemplo de este último caso es la
reacción del presidente de la República Francesa
y su Gobierno a los atentados de noviembre,
que recuerda de algún modo a la que manifestó
el presidente de EE. UU., George W. Bush tras
los atentados del 11S. El presidente François
Hollande manifestó tres días después de los
atentados que se trataba de un “acto de gue-
rra” por parte de un “ejército terrorista” y que
se pondrían en juego todos los medios de la na-
ción para combatirlo, tanto dentro como fuera
del país. Anunció la creación de 5000 empleos
en la policía y la gendarmería y 2000 agentes de
inteligencia y propuso a la Asamblea Nacional
decretar el estado de excepción (
urgence
) du-
rante tres meses, además de anticipar una re-
forma constitucional que incluiría la posibilidad
de retirar la nacionalidad a ciudadanos binacio-
nales. En enero, Hollande presentó un proyecto
de ley para otorgar más poderes a la policía,
incluyendo la capacidad de poner bajo arresto
a los retornados de conflictos, y la posibilidad
de hacer registros y controles de identidad sin
autorización judicial previa. Anunció asimismo
para junio una nueva ley de servicios secretos
que permitiría la captación de comunicaciones,
y la prolongación del estado de excepción por
tres meses más. Finalmente, el 10 de febrero la
Asamblea Nacional aprobó la reforma constitu-
cional.
Estas medidas, muy severas, responden al
estado de
shock
del pueblo francés tras los últi-
mos atentados, pero afectan directamente a la
privacidad y a la seguridad jurídica de los ciuda-
danos franceses y han suscitado un importante
rechazo en amplios sectores políticos, incluido el
Partido Socialista (PSF), actualmente en el poder.