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LOS ESTADOS Y LOS VALORES DE LA UE. EL RETO NACIONALISTA
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PiS en Polonia y de otros similares en la región.
Al frente del Fidesz, partido ultranacionalista y
antieuropeo que ganó las elecciones en abril
con un 49 % de los votos y más de dos tercios
de los escaños, y basándose en la Constitución
de 2011, confesional, homófoba y antiliberal,
Orban ha puesto en pie un régimen autoritario
que limita la libertad de expresión, controla los
medios, la justicia, la educación y las institucio-
nes de la sociedad civil, basado en la corrupción
de una oligarquía afín, que impide en la práctica
cualquier posibilidad de alternancia en el poder.
Orban pretende además dar derechos de doble
nacionalidad y voto a los tres millones de hún-
garos que quedaron fuera de las fronteras dise-
ñadas por el Tratado de Trianón en 1920, y que
se encuentran ahora en los países vecinos, prin-
cipalmente en Rumania y Eslovaquia, con la
consiguiente desestabilización de estos países
que son también miembros de la UE.
La situación no es mucho mejor en los otros
dos países del V4. En la República Checa fue
reelegido presidente, en enero, Milos Zeman un
ultranacionalista, procedente de la izquierda,
que ha calificado al islam como “enemigo de la
civilización”. El multimillonario Andrej Babis en-
cabeza el Gobierno, al frente de la populista
Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO),
intentando emular a Orban, tal vez empujado
por el ascenso del aun más ultraderechista
Libertad y Democracia Directa del checo-japo-
nés Tomio Okamura, que tuvo en las elecciones
de octubre de 2017 un 10,6 % de los votos. En
Eslovaquia, el populista de origen izquierdista
Robert Fico, que puso en marcha el fichaje poli-
cial de los 400.000 gitanos del país y ha gober-
nado en coalición con partidos nacionalistas, ha
tenido que dimitir por el oscuro asesinato del
periodista Jan Kuciak que investigaba las rela-
ciones de su Gobierno y personas de su confian-
za con la mafia calabresa.
La UE no puede permitirse tener en su seno
regímenes como estos, que vulneran todos los
principios y valores en los que se basa la cons-
trucción europea y constituyen un foco de ines-
tabilidad y conflicto permanente, que llega a
veces a la violencia contra minorías étnicas.
Lamentablemente, como hemos visto, los ins-
trumentos de los que dispone la UE para frenar
esta tendencia, fundamentalmente el artículo 7
del TUE, son escasos y poco efectivos, sobre todo
por el requisito de la unanimidad. Existen además
intereses contradictorios. Según el
Frankfurter
Allgemeine Zeitung
, en 2016 el comercio de
Alemania con el V4 alcanzó un volumen combi-
nado de 256.000 millones de euros, frente a
170.000 con China y 167.000 con Francia. No
hay por ello en Berlín ningún interés en desesta-
bilizar estos países, que además aportan mano
de obra relativamente barata y cualificada y cuyo
espacio económico es vital para Alemania.
No obstante, hay otra posibilidad de presión,
tal vez mucho más efectiva que la que promue-
ve el artículo 7, y es la relativa al acceso a los
fondos comunitarios. En febrero tuvieron lugar
los primeros debates sobre el marco financiero
plurianual 2020-2027, que vendrá marcado por
el recorte de entre 12.000 y 13.000 millones
anuales que supondrá la salida del Reino Unido.
Por primera vez se ha empezado a hablar de
planes para condicionar el cobro de ayudas al
respeto, en primer lugar, de las recetas econó-
micas, pero también al cumplimiento de crite-
rios políticos como puede ser la aceptación de
las obligaciones relativas a la acogida de cuotas
de refugiados, o incluso la reversión de leyes o
medidas que chocan con los valores europeos o
son contrarias al Estado de derecho. Esta vía ha
sido planteada públicamente por Merkel y
Macron, aunque tampoco será fácil de poner en
práctica. Desde luego su impacto sería muy im-
portante, y probablemente eficaz, en países