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UN SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO A LA DERIVA

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reubicación a personas de nacionalidades que

superaran una tasa de reconocimiento de pro-

tección internacional de un 75 % de media en

el conjunto de los Estados miembro. Además de

su carácter discriminatorio, contrario a la

Convención de Ginebra, esto ha supuesto dejar

fuera del proceso a miles de personas que han

llegado a Italia y Grecia desde países como

Afganistán, Irak, Sudán o Nigeria, que quedan

fuera de requisito a pesar de que en sus países

se vivan graves conflictos.

En numerosas ocasiones, la Comisión Europea

lamentó las condiciones restrictivas que trasla-

daron los países miembros a las autoridades

griegas e italianas que realizaban los procesos

de identificación y los traslados, además de re-

trasos en las peticiones mensuales de acogida y

las trabas burocráticas en cuanto a la hora de

realizar los traslados. Esto ha limitado tanto el

ritmo del proceso como el número total de per-

sonas que han sido acogidas por estos países.

Muchos países pusieron objeciones a la hora

de acoger personas con enfermedades graves o

discapacidad, víctimas de violencia y en particu-

lar menores no acompañados. Una práctica par-

ticularmente insolidaria que retrata la escasa

voluntad de acogida de aquellos países que la

han llevado a cabo.

El 20 de marzo de 2016 la UE entró en vigor

el acuerdo con Turquía con el claro propósito de

cerrar la ruta marítima a los refugiados proceden-

tes de este país. Los Estados, de forma unilateral

y en contra de lo acordado, decidieron que las

personas que llegaran a Grecia a partir de ese día

no pudieran solicitar su reubicación en países de

la UE, por lo que se han visto obligadas a elegir

entre quedarse en Grecia, un país con un sistema

de acogida desbordado, o volver a los países de

los que huyeron. El propio Parlamento Europeo

reclamó el pasado mes de mayo de 2017 que se

pusiera fin a esta práctica excluyente.

Desde el inicio, la Comisión Europea tendría

que haber sido menos tibia y más contundente

con aquellos países que no cumplían los plazos

e iniciar procedimientos de infracción con mayor

rapidez. Los países de la UE parecen haber deja-

do de lado el derecho de asilo y la responsabili-

dad hacia las personas que huyen de la guerra y

la persecución. No ha hecho falta que gobiernen

los partidos con un discurso claramente xenófo-

bo, su discurso del miedo ha sido la excusa para

enfriar más todavía la voluntad de acogida de los

Estados y justificar sus incumplimientos.

El 14 de marzo de 2018, la Comisión infor-

mó sobre los progresos realizados en el marco

de la Agenda Europea de Migración y estableció

la hoja de ruta de la Comisión de diciembre de

2017 para la consecución de un acuerdo migra-

torio global en junio de 2018. Considera la

Comisión que el programa de reubicación ha

“finalizado con éxito “, habiendo sido reubica-

das casi 34.000 personas y el reasentamiento

adoptado por la UE en julio de 2015 se hizo

extensivo a un total de 19.432 personas.

La Comisión instó en el mes de diciembre de

2017 a los estados miembro a adoptar un nue-

vo compromiso de reasentamiento de 50.000

personas, concebido para al menos 50.000 re-

fugiados; hasta la fecha 19 Estados miembros

han ofrecido casi 40.000 plazas. Requiere igual-

mente a los Estados a incrementarlo para países

prioritarios, y especialmente en lo concerniente

a los refugiados evacuados de Libia por medio

del mecanismo de tránsito de emergencia. A

fecha 14 de marzo de 2018, 1300 refugiados

fueron evacuados desde Libia por medio del ci-

tado mecanismo.

Sin embargo, la principal apuesta sigue en-

focada en el control de las fronteras exteriores,

el apoyo y compromiso de los estados respecto

a la Guardia Europea de Fronteras y un plan de

inversiones adicional.