UN SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO A LA DERIVA
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reubicación a personas de nacionalidades que
superaran una tasa de reconocimiento de pro-
tección internacional de un 75 % de media en
el conjunto de los Estados miembro. Además de
su carácter discriminatorio, contrario a la
Convención de Ginebra, esto ha supuesto dejar
fuera del proceso a miles de personas que han
llegado a Italia y Grecia desde países como
Afganistán, Irak, Sudán o Nigeria, que quedan
fuera de requisito a pesar de que en sus países
se vivan graves conflictos.
En numerosas ocasiones, la Comisión Europea
lamentó las condiciones restrictivas que trasla-
daron los países miembros a las autoridades
griegas e italianas que realizaban los procesos
de identificación y los traslados, además de re-
trasos en las peticiones mensuales de acogida y
las trabas burocráticas en cuanto a la hora de
realizar los traslados. Esto ha limitado tanto el
ritmo del proceso como el número total de per-
sonas que han sido acogidas por estos países.
Muchos países pusieron objeciones a la hora
de acoger personas con enfermedades graves o
discapacidad, víctimas de violencia y en particu-
lar menores no acompañados. Una práctica par-
ticularmente insolidaria que retrata la escasa
voluntad de acogida de aquellos países que la
han llevado a cabo.
El 20 de marzo de 2016 la UE entró en vigor
el acuerdo con Turquía con el claro propósito de
cerrar la ruta marítima a los refugiados proceden-
tes de este país. Los Estados, de forma unilateral
y en contra de lo acordado, decidieron que las
personas que llegaran a Grecia a partir de ese día
no pudieran solicitar su reubicación en países de
la UE, por lo que se han visto obligadas a elegir
entre quedarse en Grecia, un país con un sistema
de acogida desbordado, o volver a los países de
los que huyeron. El propio Parlamento Europeo
reclamó el pasado mes de mayo de 2017 que se
pusiera fin a esta práctica excluyente.
Desde el inicio, la Comisión Europea tendría
que haber sido menos tibia y más contundente
con aquellos países que no cumplían los plazos
e iniciar procedimientos de infracción con mayor
rapidez. Los países de la UE parecen haber deja-
do de lado el derecho de asilo y la responsabili-
dad hacia las personas que huyen de la guerra y
la persecución. No ha hecho falta que gobiernen
los partidos con un discurso claramente xenófo-
bo, su discurso del miedo ha sido la excusa para
enfriar más todavía la voluntad de acogida de los
Estados y justificar sus incumplimientos.
El 14 de marzo de 2018, la Comisión infor-
mó sobre los progresos realizados en el marco
de la Agenda Europea de Migración y estableció
la hoja de ruta de la Comisión de diciembre de
2017 para la consecución de un acuerdo migra-
torio global en junio de 2018. Considera la
Comisión que el programa de reubicación ha
“finalizado con éxito “, habiendo sido reubica-
das casi 34.000 personas y el reasentamiento
adoptado por la UE en julio de 2015 se hizo
extensivo a un total de 19.432 personas.
La Comisión instó en el mes de diciembre de
2017 a los estados miembro a adoptar un nue-
vo compromiso de reasentamiento de 50.000
personas, concebido para al menos 50.000 re-
fugiados; hasta la fecha 19 Estados miembros
han ofrecido casi 40.000 plazas. Requiere igual-
mente a los Estados a incrementarlo para países
prioritarios, y especialmente en lo concerniente
a los refugiados evacuados de Libia por medio
del mecanismo de tránsito de emergencia. A
fecha 14 de marzo de 2018, 1300 refugiados
fueron evacuados desde Libia por medio del ci-
tado mecanismo.
Sin embargo, la principal apuesta sigue en-
focada en el control de las fronteras exteriores,
el apoyo y compromiso de los estados respecto
a la Guardia Europea de Fronteras y un plan de
inversiones adicional.