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EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA

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con un tratado suplementario firmado exclusi-

vamente por los miembros de la eurozona.

Obviamente, el presidente del Consejo del

MEDE pasó a ser ocupado por el presidente del

Eurogrupo, con un director general que gestio-

na la entidad.

De este modo, la financiación de los rescates

no respondió al método comunitario, sino a la

visión intergubernamental que inspiró las políti-

cas contra la crisis económica, al menos, hasta

mediados de 2012. La ejecución de esos resca-

tes pasó a ser implementada por la

troika

: la

Comisión por delegación de los Estados miem-

bros, el Fondo Monetario Internacional (FMI)

que aportó liquidez adicional y experiencia en

gestión de crisis, y el BCE. El FMI no responde de

sus actuaciones ante el Parlamento Europeo. El

BCE lo hace solo parcialmente a través de un

acuerdo interinstitucional que obliga a compa-

recencias periódicas ante la cámara, informes

anuales y respondiendo a preguntas escritas de

modo permanente. Por último, el control que

potencialmente se podría ejercer sobre la

Comisión fue mucho menor, dado el complejo

diseño institucional de los rescates financiados

de una manera u otra por el Eurogrupo.

Por otra parte, los parlamentos nacionales

desarrollaron parte de la labor de control en la

medida que los Estados miembros aportaron fi-

nanciación a esos fondos y, por ejemplo, el par-

lamento finlandés exigió a su gobierno que fir-

mara seguros bilaterales con el Reino de España

para viabilizar el rescate en el verano de 2012.

En todo caso, la dispersión de los ejecutores

de los planes de rescate, junto a las distintas

fuentes de financiación, han impedido hasta el

presente un control efectivo por parte del

Parlamento Europeo. Además, en la medida

que el Eurogrupo es aún una institución infor-

mal, tampoco existían previamente protocolos

de rendición de cuentas. De este modo, la

ausencia del método comunitario en todo este

iter

impidió que el Parlamento jugara un papel

central en el diseño y control de las actividades

del Eurogrupo, tanto en su funcionamiento or-

dinario como en su misión en los rescates de

algunos Estados de la zona euro.

En otro orden de cosas, Europa ha avanzado

también en cuestiones fiscales, pero lejos del

modelo de rendición de cuentas ante el

Parlamento, en un asunto central en cualquier

democracia. Mientras los miembros de la euro-

zona impulsaron vías de rescate que han llegado

a ser permanentes, la UE redobló a su vez el

control sobre el margen de maniobra de las po-

líticas presupuestarias de los Estados miembros.

Este mayor control ha sido el coste a pagar a

cambio de la implementación de rescates que,

en principio, estaban prohibidos por los trata-

dos y que hubo que reformar.

La UE ha aprobado dos paquetes legislativos

conocidos como Six Pack (2011) y Two Pack

(2013) que, sin pretender ahondar profusamen-

te en ambas cuestiones, redoblan de manera

notable el control presupuestario de los Estados

miembros. Por ejemplo, los Estados deben ya

remitir sus proyectos presupuestarios a la

Comisión con anterioridad a su aprobación por

sus parlamentos nacionales, y esta puede solici-

tar su revisión si considera que no cumplirán los

objetivos de déficit acordados. Además, eleva el

coste

ex post

de incumplir los objetivos, introdu-

ciendo multas automáticas y otorgando capaci-

dad ejecutiva a la Comisión frente a los gobier-

nos nacionales para imponer medidas dirigidas

a cumplir tales objetivos.

Pues bien, de nuevo el Parlamento que tuvo

que tramitar y aprobar todas las iniciativas legis-

lativas introducidas en ambos paquetes ha que-

dado relegado de la capacidad de un control

efectivo de las actividades de la Comisión sobre

estos asuntos. De este modo, aun cuando ha