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EL PARLAMENTO EUROPEO Y SU CAPACIDAD DE IMPULSO Y CONTROL. LA AGENDA POLÍTICA DEL CONSEJO EUROPEO Y EL EUROGRUPO

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habido avances en la federalización de las polí-

ticas fiscales de los Estados miembros, ese pro-

ceso se ha realizado sin una rendición de cuen-

tas apropiada ante el Parlamento Europeo,

asumido por la propia cámara en la pasada le-

gislatura donde, por cierto, había una mayoría

conservadora amplísima, reduciendo así la ca-

pacidad de presión del grupo de los socialistas y

demócratas, más inclinado siempre a un diseño

institucional federal y democrático.

En todo caso, además de estas novedades

legislativas, todos los Estados miembros de la

UE, con la excepción del Reino Unido y la

República Checa, firmaron en 2012 el Tratado

de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en

la Unión Económica y Monetaria. Este tratado

viene a complementar el Pacto de Estabilidad y

Crecimiento, introduciendo un mayor control

presupuestario y obligando a incorporar a la le-

gislación nacional el principio de estabilidad

presupuestaria. España abordó este requeri-

miento en el verano de 2011 a través de la re-

forma constitucional del artículo 135, adelan-

tándose así a las exigencias europeas posteriores.

La firma y transposición de este tratado a la le-

gislación nacional es, por otra parte, condición

necesaria para ser potencial receptor de finan-

ciación procedente del MEDE. De nuevo, esta

reforma del marco institucional se realizó fuera

del método comunitario, con la ausencia de dos

Estados, y por consiguiente sin otorgar un po-

der adicional otorgado al parlamento europeo

para su supervisión.

Por todo ello, en el último lustro la UE y, es-

pecialmente, la zona euro ha transitado por una

vía intergubernamental, con un peso creciente

del Eurogrupo, mayor poder de la Comisión sin

control efectivo por el Parlamento Europeo y va-

rios tratados firmados fuera del método comu-

nitario. En todo caso, los cambios legislativos

que ha impuesto esta revisión institucional no

tienen, probablemente, marcha atrás, pero el

diseño político que se ha ido configurando debe

revisarse para dotar de mayor legitimidad de-

mocrática a la propia Unión. En este sentido, en

la presente legislatura se está impulsando una

revisión de algunos de estos desequilibrios, que

se comentan más adelante.

Sin embargo, no todo lo que se ha hecho en

la pasada legislatura ha caminado por esa senda

intergubernamental y reduccionista del papel

de Parlamento. Probablemente, la unión banca-

ria lanzada por el Consejo Europeo de junio de

2012 supone un contrapunto y representa el

punto de inflexión en la crisis de la eurozona.

Ese compromiso con la unión bancaria y, por

ende, con el futuro del euro permitió que Mario

Draghi anunciara que haría todo lo que estuvie-

ra en su mano (y algunas medidas han estado

en el límite de su mandato) para garantizar la

integridad de la moneda de la UE. Ese paso y su

desarrollo posterior, siguiendo el modelo de

la única política económica ciertamente federal, la

política monetaria, ha permitido recuperar cier-

ta estabilidad a la zona euro, pasando ahora la

responsabilidad para acabar de superar la crisis

a la ejecución de la política fiscal.

La unión bancaria supuso la creación del

Mecanismo Único de Supervisión, bajo la égida

del BCE, siguiendo una única y común regula-

ción bancaria, un Mecanismo Único de

Resolución y el consiguiente Fondo Único de

Resolución. El activismo legislativo que cristalizó

este proyecto junto al papel clave del Parlamento,

tanto en su tramitación como en la selección y

control

ex post

ha supuesto un hecho funda-

mental en la mejora económica de la eurozona,

siguiendo el método comunitario y con plenos

poderes de supervisión por parte del Parlamento.

Bien es cierto que el Fondo de Resolución está

infradotado y aún no se dispone de un seguro

de depósitos común, reglamento presentado ya