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EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA
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mayor demanda de bienes y servicios por parte
de los propios solicitantes de asilo y también por
parte del Estado que ponga a disposición la in-
fraestructura. Es más, incluso se planteó en voz
alta si el aumento de las tasas de migrantes no
vendría muy bien para la inminente escasez de
personal cualificado de una economía creciente
y para los regímenes de seguridad social de cara
al cambio demográfico.
En 2017 se vio que muchas de las suposicio-
nes hechas eran demasiado optimistas. En efec-
to, se puede tardar unos buenos veinte años en
aprender alemán, beneficiarse totalmente de la
formación profesional y continua, lograr inte-
grase en el mercado laboral y, por último, salir
del rango de salarios bajos hacia el de ingresos
medios. En cualquier caso, solo se esperan efec-
tos fiscales positivos si se realizan grandes inver-
siones para integrar a los inmigrantes. El gobier-
no federal ha implementado muchas medidas
individuales, pero hasta ahora no ha logrado
establecer un amplio programa de integración
que amplíe la gama de oportunidades para
aprender alemán y adquirir otras habilidades, y
acoplarse así con el sistema de capacitación pro-
fesional. Bajo la presión, particularmente desde
la CSU, la nueva coalición de gobierno se centra
en la disuasión en lugar de ampliar las medidas
de integración.
El trasfondo de esto es claro. Por un lado, las
medidas de integración adicionales son muy cos-
tosas, y los miembros de la coalición están unidos
en su objetivo de equilibrar el presupuesto fede-
ral o incluso alcanzar los superávits presupuesta-
rios en el mejor de los casos, de acuerdo con
el “freno de la deuda” establecido en la
Constitución desde 2009. Según sus propias
declaraciones, Olaf Scholz (SPD), el actual minis-
tro de Finanzas, desea continuar con la económi-
camente cuestionable “política del déficit cero”
(equilibrio total) de su predecesor Schäuble (CDU).
Además, ciertos sectores de la población han
mostrado su descontento acumulado frente a
una cierta negligencia política en los últimos tres
años usando el AfD, y a veces también
Die Linke
,
como transmisores en el debate político nacional.
Esto se aplica particularmente a la clase tra-
bajadora de clase media baja, que teme perder
estatus económico y social. Estas personas han
ido aceptando a regañadientes el desmantela-
miento de las conquistas del estado de bienes-
tar y de la infraestructura pública con la crecien-
te presión de la competencia global y el
estancamiento de los salarios reales, sobre todo
en los estados federados del este y en las anti-
guas ciudades industriales del Rin y del Ruhr. La
política alemana ha ido perdiendo la fe en el
diseño político para responder a los nuevos re-
tos de la creciente interdependencia mundial
desde la segunda legislatura de la coalición roja
y verde (2002-2005), cuando se implementó la
Agenda 2010 del antiguo canciller Gerhard
Schröder, si no es antes. Esta visión ha dado el
paso a un programa de reajustes para adaptarse
a las fuerzas del mercado de la globalización. La
competencia por la ubicación de las empresas se
pretendió solucionar con impuestos corporativos
bajos, el desempleo creando un sector de bajos
salarios, las arcas públicas vacías reduciendo los
beneficios sociales y privatizando o no renovan-
do las infraestructuras. Se hizo hincapié en la
responsabilidad individual en vez de en la esta-
tal: la educación debería convertirse en la clave
de una vida mejor, pero cada uno debe labrarse
su propia fortuna; quien no pueda cumplir los
nuevos requisitos de flexibilidad, movilidad y au-
toabastecimiento poca ayuda puede esperar
en el sentido de una desmercantilización. Esta
política tuvo éxito con un modelo económico
unilateral basado en las exportaciones, que pa-
recía explotar los beneficios de la globalización
al transformar los tres sectores económicos