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EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA
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de dejar el tema en manos de las autoridades
nacionales (prueba de las diferencias culturales
existentes entre los países del Este y la Europa
Occidental). En lo que respecta a asuntos ener-
géticos, amplias mayorías en los dos países se
mostraron a favor de acuerdos nacionales, aun
cuando su dependencia energética es muy alta.
Por otro lado, los españoles (67 %) e italianos
(64 %) fueron los que más se posicionaron a
favor de una mayor coordinación de la política
energética, seguidos por holandeses (54 %),
franceses (53 %) y alemanes (52 %).
Las competencias en la lucha contra el des-
empleo juvenil son un asunto controvertido. En
algunos países con altas tasas de paro juvenil,
como España e Italia, la mayoría se muestra a
favor de una solución europea, mientras que
Francia lo ve como un tema nacional. Los ciuda-
danos de Países Bajos, Suecia y la República
Checa, donde este tipo de desempleo es prácti-
camente inexistente, también son partidarios de
que sea una competencia nacional. Sin embar-
go, y a pesar de que tampoco es un problema
que les afecte especialmente, algunas voces se
alzan a favor de una política común al respecto
en Alemania y Eslovaquia. Parece que los alema-
nes son conscientes de que su fortaleza econó-
mica no puede durar si otros Estados miembros
importantes atraviesan por dificultades.
Dicho esto, el rechazo es palpable a la hora
de llegar a un acuerdo para ampliar las compe-
tencias de la UE en temas como la soberanía
presupuestaria y los sistemas sociales. No hay
una mayoría a favor de la integración de la po-
lítica financiera en ninguno de los ocho países.
Los checos (80 %), eslovacos, alemanes y fran-
ceses (con un 70 % de votos cada uno) son los
más escépticos. Los que más abogan por un
cambio en competencias son los italianos (con
un 36 % de votos a favor) y, sobre todo, los es-
pañoles (con un 44 %). Tampoco hubo mucho
apoyo para darle a la UE competencias sobre
prestaciones por desempleo. Solo en España
hay una mayoría pírrica que sueña con una so-
lución europea al respecto.
Los resultados son parecidos en las políticas
de pensiones. En seis países, los que se mues-
tran a favor de mantener el control nacional son
clara mayoría (con porcentajes que van desde el
58 al 67 %). Solo España e Italia (con un 53 %
de los votos) se muestran a favor de transferir
competencias a la UE en este campo.
Sin embargo, el interés por buscar solucio-
nes a nivel europeo ha crecido algo (hasta en
temas ligados a políticas sociales o presupuesta-
rias). El caso de Alemania, donde la oposición es
cada vez mayor, es una clara excepción. Parece
evidente que las políticas sociales y presupues-
tarias son los límites que marca Alemania a la
hora de conservar sus niveles de prosperidad.
Aceptación de las normas europeas
La cohesión de la UE está basada, en gran parte,
en una serie de normas comunes. Las principa-
les son la democracia, el estado de derecho y el
respeto a los derechos humanos, pero también
la libre circulación de personas, bienes, servicios
y capital. El derecho a la libre circulación de per-
sonas ha sido siempre el foco de todos los de-
bates, y volvió a saltar a la palestra con el
brexit
.
De hecho, fue la razón por la que muchos britá-
nicos votaron por dejar la Unión.
Afortunadamente, la situación no se replicó
en otros países. El porcentaje de ciudadanos
que se muestra a favor de la libre circulación de
personas, actualmente un 57 %, se mantiene
constante con respecto al 2015. Sin embargo, un
tercio de los encuestados afirma que los Estados
miembros de la UE deberían tener derecho a
restringir el número de trabajadores procedentes