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EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA
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los 58 millones en 2050 (11,2 %), y un escenario
extremo –si se dieran flujos como en 2016– en el
que llegarían a superar los 75 millones (14 %).
Pero incluso en este caso poco probable, mientras
países como Alemania, Francia o Suecia podrían
acercarse a un 20 % de población musulmana, o
incluso superarlo, en Polonia representarían en
ese año –según el estudio– un 0,2 % de la pobla-
ción, en Eslovaquia un 0,7 %, en la República
Checa un 1,2 % y en Hungría un 4,5 %.
Es evidente que la integración de los musul-
manes en las sociedades europeas es un reto
creciente e importante que es imprescindible
abordar en todos sus aspectos: políticos, econó-
micos, sociales y culturales, so pena de encon-
trarnos con fracturas internas de muy difícil ges-
tión. Pero también lo es, como acabamos de ver,
que en muchas ocasiones es más negativa la
utilización política interesada que se hace del
problema que el problema en sí.
Con todo, el problema más importante que
proviene de esta región es el relativo a la deriva
autoritaria y antiliberal de los Gobiernos actua-
les, particularmente en Varsovia y Budapest,
que pone en riesgo los principios democráticos
más básicos como la división de poderes o la li-
bertad de expresión, y choca por tanto frontal-
mente con los valores que sustentan y definen
la propia existencia de la UE. La tendencia por
convertirse en “democracias no liberales” o
“autocracias mayoritarias”, al estilo de la Rusia
de Vladimir Putin, puede suponer una amenaza
existencial para la UE si no se corrige a tiempo,
y las instituciones comunitarias parecen poco
preparadas para afrontar este problema de una
forma decidida y eficaz.
A pesar de las reiteradas advertencias de la
Comisión Europea, desde mediados de 2016, en
Polonia, el Gobierno del partido ultranacionalista
Ley y Justicia (PiS), dirigido en la sombra por su líder
parlamentario, Jaroslaw Kaczynski, ha aprobado
13 leyes, que culminaron en diciembre de 2017,
para someter el poder judicial, incluidos el
Tribunal Supremo y el Consejo Judicial Nacional,
al control político del Parlamento y en conse-
cuencia del partido mayoritario, acabando así
con la independencia judicial y con la separación
de poderes, que es un requisito esencial de la
democracia, además de tomar medidas que limi-
tan la capacidad de los medios para controlar a
los poderes ejecutivo y legislativo. Estas medidas
han sido consideradas anticonstitucionales por
el propio Tribunal Supremo polaco, calificadas
de “politización de la justicia” por la Comisión de
Venecia del Consejo de Europa, y consideradas
una “amenaza sistémica al Estado de derecho”
por parte de las instituciones comunitarias.
Nada de esto ha servido para frenarlas.
Finalmente, el 21 de diciembre la Comisión
Europea decidió poner en marcha el mecanismo
previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE
(TUE), para el caso de que algún Estado miem-
bro viole gravemente los valores de respeto de
la dignidad humana, libertad, democracia,
igualdad, Estado de Derecho y respeto de los
derechos humanos, que el propio TUE contem-
pla en su artículo 2 como el fundamento de la
Unión. Por el momento, solo se ponen en mar-
cha las medidas del apartado 7.1, que requieren
una mayoría de cuatro quintos de los miembros
del Consejo Europeo y cuya única consecuencia
es dirigir recomendaciones al Estado implicado.
La puesta en marcha del 7.2, que conduciría a
sanciones sustanciales, como la pérdida de voto
en el Consejo, requeriría la unanimidad, y el
Gobierno húngaro ya ha hecho saber que lo
considera una injerencia y no lo aceptaría.
El Gobierno de Viktor Orban en Budapest se
ha convertido, desde que accedió por segunda
vez al poder en 2010, en el paradigma de la
autocracia mayoritaria a la que antes nos refe-
ríamos, y ha sido la inspiración del gobierno del