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EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA
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que, como hemos dicho, ven a la UE más como
un proveedor de fondos que como un proyecto
político.
En todo caso, lo que esta situación deja claro
es que la UE no cuida la evolución política de sus
Estados miembros con la misma atención que
cuida su evolución económica. Se exigen una
serie de condiciones políticas para el ingreso, los
llamados criterios de Copenhague, pero des-
pués se da por supuesto su cumplimiento y no
se vigilan. Sería importante poner en marcha un
mecanismo de seguimiento de cómo esos crite-
rios son respetados, para evitar la deriva antide-
mocrática que se está produciendo en algunos
países y prevenir que se alcancen situaciones lí-
mite como la que plantean actualmente Varsovia
y Budapest.
Las tendencias secesionistas en los
Estados miembros
Otro factor disgregador, y claramente contrario
a los valores de unidad e integración que repre-
senta el proyecto europeo, lo constituyen las
tendencias secesionistas que pretenden romper
la unidad de alguno de los Estados miembros de
la UE. En el periodo que cubre este informe, es-
tas tendencias se han concretado en el caso de
Cataluña, pero este podría ser solo el caso más
actual, o el que está en una fase más aguda en
estos momentos, de otros muchos.
El Gobierno autónomo catalán promovió en
septiembre de 2017 la aprobación de unas leyes
contrarias a la Constitución española con las
que pretendía alcanzar la independencia sin
el acuerdo de Madrid, y sin contar siquiera con el
respaldo de un 50 % de los votantes catalanes.
El 1 de octubre se llevó a cabo un referéndum
ilegal, sin ninguna garantía, en el que participa-
ron según los organizadores un 42 % de los
votantes, aunque es imposible tener cifras con-
trastadas, que provocó duros enfrentamientos
con la Policía. El 27 de octubre, el Parlamento
catalán aprobó la declaración unilateral de inde-
pendencia (DUI), con una exigua mayoría de
escaños que no se corresponde siquiera con una
mayoría de votos. Inmediatamente, el Gobierno
español suspendió la autonomía de Cataluña,
destituyó a su Gobierno, y emprendió acciones
legales contra los responsables, la mayoría de
los cuales se encuentran actualmente en prisión
provisional o han huido de la justicia trasladán-
dose a otros países europeos, a los que se ha
solicitado su extradición.
Los propios dirigentes catalanes han reconoci-
do que la DUI era más retórica que real ya que
carecían de los medios para hacerla efectiva. Por
supuesto ningún país del mundo la ha reconocido
ni apoyado, y mucho menos en Europa, donde
España es considerada una democracia avanzada
y respetuosa del Estado de derecho. Todas las ca-
pitales europeas, incluidas Berlín, París y Londres,
y todos dirigentes comunitarios, incluidos los pre-
sidentes del Parlamento, el Consejo Europeo y la
Comisión, han mostrado su apoyo al Gobierno
español y han hecho llamamientos a resolver el
conflicto por medios políticos dentro de la legali-
dad y respetando la Constitución española. Los
independentistas trataron de propagar la idea de
que Cataluña podría convertirse directamente en
un nuevo Estado dentro de la UE, a pesar de que
la Comisión, que es la guardiana de los tratados,
ha reiterado la llamada doctrina Prodi, que señala
que “una nueva región independiente, por el he-
cho de su independencia, se convertirá en un ter-
cer Estado en relación a la Unión y, desde el día de
su independencia, los tratados ya no serán de
aplicación en su territorio”, lo que implicaría ini-
ciar un proceso de adhesión que no podría culmi-
nar sin la aprobación de todos los Estados miem-
bros, incluida España.