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ESTADO ACTUAL DE LA LUCHA CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES EN EUROPA
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en el Ecofin de 3 marzo, momento en el que se
incorporaron a la lista negra tres territorios y a
la lista gris, cinco. En este caso la razón de los
cambios fue que, al tratarse de territorios espe-
cialmente afectados por el huracán Irma, se pro-
rrogó hasta febrero la evaluación final de los
mismos, dándoles así más tiempo para presen-
tar sus propuestas de reforma. En consecuencia,
actualmente quedan solo seis jurisdicciones en
la lista negra.
El balance que hoy se puede hacer del proce-
so de listado descrito es que se ha confeccionado
una lista negra muy débil, que engloba pequeños
territorios y países en desarrollo con poco impac-
to en la industria de la evasión y de la elusión
fiscal. A diferencia de lo que ocurre con la lista
gris, que es mucho más amplia y sí que contiene
a varios de los paraísos fiscales más relevantes de
la escena internacional. Por tanto, el éxito del
proceso dependerá de si, ante la amenaza de en-
trar en la lista negra, estas jurisdicciones de la
lista gris realmente acometen reformas sustan-
ciales de sus políticas fiscales más nocivas.
Pero de lo que sí que se puede hacer balance
ya, y no muy positivo, es de la falta de transpa-
rencia que ha presidido todo el proceso de lista-
do de las jurisdicciones. Como consecuencia de
ello, se hace muy difícil poder valorar si la aplica-
ción de los criterios se ha hecho de forma obje-
tiva o si, por el contrario, las injerencias políticas
han influido decisivamente en el resultado final.
A este respecto, la filtración de diecinueve
documentos del Consejo transmitida en febrero
de 2018 por el grupo de Los Verdes del
Parlamento Europeo no ha hecho sino confir-
mar las peores sospechas. En ellas quedan pro-
badas las presiones que han realizado países
como Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda o, in-
cluso, Francia para suavizar la aplicación de los
criterios y sacar de la lista a algunos de sus alia-
dos naturales.
Igualmente, se ha echado de menos conocer
qué compromisos concretos han adquirido los
territorios de la lista gris para evitar entrar en la
lista negra. Sería muy deseable que estos países
hagan públicos dichos compromisos y así poder
evaluar los progresos alcanzados cuando llegue
el momento de hacerlo en 2018. El Ecofin de
marzo de este año, por el contrario, sí que ha
dado a conocer las cartas enviadas por la UE
identificando las deficiencias descubiertas y re-
quiriendo a las jurisdicciones afectadas las refor-
mas necesarias. Esto es, sin duda, un primer
paso hacia una mayor transparencia. Pero que-
dan muchos otros por dar. Por parte de la UE,
además, habría que poder conocer la metodo-
logía que se ha utilizado para evaluar a las juris-
dicciones en función de los criterios. Solo así
podríamos saber verdaderamente si estamos
ante unas listas fiables o ante listas más bien
diplomáticas.
El alto grado de intergubernamentalismo y
secretismo que ha caracterizado todo el proceso
de listado no es una buena garantía en este sen-
tido. La Comisión solo ha participado en las fa-
ses iniciales del mismo, cediendo después prác-
ticamente todo el protagonismo a órganos y
grupos totalmente controlados por los Estados
miembros.
Hay que recordar que, en la fase de
screening
de los territorios, que precede a la aprobación
definitiva de las listas iniciales, primero interviene
un grupo de expertos nombrados por los Estados
miembros y, después, ya toma las riendas de las
negociaciones con las jurisdicciones selecciona-
das el Grupo del Código de Conducta, auténtico
protagonista del proceso de confección de las
listas y de su actualización periódica.
El Grupo está integrado por funcionarios de
los Estados miembros expertos en temas fisca-
les. Toma todas sus decisiones por unanimidad
y en el más absoluto secreto. Las actas de sus