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LA CRISIS DE UCRANIA Y LAS RELACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON LA FEDERACIÓN DE RUSIA
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por la OSCE, la elaboración de una ley sobre el
estatuto especial en “algunas zonas” de las re-
giones de Donetsk y Lugansk, donde se debe-
rían realizar elecciones locales de acuerdo con la
legislación ucrania, la monitorización perma-
nente de la frontera ruso-ucraniana por la
OSCE, una amnistía limitada para los rebeldes, y
la liberación de prisioneros. El 19 de septiembre
se firmó un Memorando complementario en el
que se acordaba una zona desmilitarizada de 30
kilómetros entre las partes, la prohibición de
vuelos de aviones de combate y la retirada de
extranjeros de la zona en conflicto.
A pesar de la firma de los acuerdos, los en-
frentamientos armados continuaron sobre el
terreno, empezando por la batalla del aeropuer-
to de Donetsk en manos de las fuerzas de Kiev.
El 2 de noviembre tuvieron lugar en la RPD y la
RPL elecciones para jefes de Gobierno y
Parlamentos, que Ucrania considera ilegales
y contrarias al Protocolo de Minsk. Los prorrusos
continuaron su ofensiva buscando recuperar
parte del territorio que habían perdido en julio,
y el desastre humanitario se acrecentó con la
llegada del invierno y la decisión de Kiev de sus-
pender en noviembre el pago de pensiones y
prestaciones sociales en la zona controlada por
los rebeldes. El 24 de diciembre se reanudan las
conversaciones en Minsk para intentar afianzar
el cumplimiento de los acuerdos, pero se sus-
penden el 27 sin más resultados que el inter-
cambio de tres centenares de prisioneros.
Entre las fuerzas leales a Kiev hay batallones
de voluntarios de la Guardia Nacional, en los
que se han integrado milicias parafascistas del
Pravi Sektor, que no respetan la disciplina del
Ejército regular, a los que se ha acusado de im-
pedir la llegada de ayuda humanitaria a la zona
en conflicto, y de bombardear reiteradamente
las ciudades rebeldes causando bajas en la po-
blación civil. Por su parte, Kiev ha reiterado las
acusaciones de entrada desde Rusia de arma-
mento pesado y combatientes, que según las
fuentes podrían oscilar entre 3.000 y 9.000,
ante la inoperancia de la OSCE para vigilar la
frontera. Lo cierto es que ninguna de las dos
partes ha respetado los acuerdos de Minsk y
ambas se acusan mutuamente de haberlos vio-
lado.
En la segunda mitad de enero se produce un
recrudecimiento de los enfrentamientos que
culmina con el bombardeo de los prorrusos a
Mariupol, ciudad ribereña del mar de Azov que
podría tener una importancia estratégica para
enlazar por tierra con Crimea, y el cerco del
nudo ferroviario de Devaltsevo. En total, se con-
sidera que los separatistas habrían ocupado 500
kilómetros cuadrados más sobre el territorio que
tenían cuando se firmó el Protocolo de Kiev.
Tanto Kiev como las regiones rebeldes anuncian
movilizaciones masivas. Esta última escalada au-
menta gravemente el peligro de generalización
del conflicto y tensa aún más las relaciones de
Rusia con la UE y EE. UU.
Hasta finales de enero, el conflicto del
Donbass ha causado 5.300 muertos, 11.500 he-
ridos y cerca de un millón y medio de desplaza-
dos, casi la mitad de los cuales han huido fuera
del país, en su mayoría a Rusia, además de un
desastre humanitario colosal y la destrucción de
las viviendas, infraestructuras e industrias de la
región más rica de Ucrania, que será costosísi-
mo recuperar.
La reacción de la Unión Europea y los
nuevos acuerdos de Minsk
La UE condenó los movimientos de tropas rusas
en Crimea desde primeros de marzo.
Inmediatamente después del referéndum, el día
17, se aprobaron las primeras sanciones políticas