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EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA
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de países las cotizaciones y los derechos a pen-
sión están vinculados a puestos de trabajo re-
munerados formalmente registrados (no así,
por ejemplo, en Dinamarca), la evolución de los
salarios también tiene efectos sobre las pensio-
nes. Al margen del sistema de financiación de la
caja de pensiones y de la fórmula de cálculo uti-
lizada, en general se cumple la regla de que
unos salarios sistemáticamente más bajos se
convertirán en pensiones bajas. Con este con-
texto cabe esperar un drástico aumento de la
pobreza entre las personas mayores, algo que
prácticamente se había erradicado en los países
ricos de la Unión, y que hasta hace poco era un
fenómeno muy extendido tan solo en los Esta-
dos miembros de pasado socialista. Además del
binomio formado entre salario y pensión, otros
factores, como el desarrollo demográfico poco
favorable, repercuten negativamente sobre el
sistema de pensiones basado en regímenes de
reparto (cada vez hay menos cotizantes en edad
de trabajar, y cada vez más perceptores de pen-
siones, debido al hecho que viven más años). En
cambio, el sistema de pensiones basado en el
ahorro sufre las consecuencias provocadas por
las crisis de los últimos años, es decir, la escasez
de oportunidades de inversión que generan de
beneficios. Estas circunstancias adversas tam-
bién ejercen presión sobre las futuras pensiones
de jubilación.
Las medidas sociales que tienen un efecto
verdaderamente redistribuidor entre ricos y po-
bres –las transferencias públicas a diversas cate-
gorías de perceptores, los servicios públicos y el
sistema público de salud, a menudo complejo–
no son capaces, ni han sido concebidas para
crear una sociedad socialmente integrada sin el
sustento del mercado laboral. La formación, la
salud y, dado el caso, otros servicios subvenciona-
dos, solo constituyen partes del “nivel de vida”
en su conjunto. En teoría, las transferencias
públicas tendrían que compensar los ingresos
más bajos para permitirles alcanzar un nivel de
vida no demasiado alejado de umbral de la so-
ciedad. Sin embargo, la realidad es muy distinta.
Además, la mera idea contradice la concepción
actual de lo que se entiende por una sociedad
del trabajo eficaz, en la que la función del me-
canismo central de participación se basa en las
retribuciones salariales.
En varios países se constata además que los
mercados, en los cuales el poder adquisitivo es
decisivo, se superponen a los componentes del
nivel de vida material que el Estado de bienestar
intentaba asignar independientemente del po-
der adquisitivo (formación, salud, etc.). Simplifi-
cando un poco, podemos decir que las presta-
ciones sanitarias y las ofertas formativas de
carácter privado coexisten en paralelo con las
públicas y a menudo ofrecen una mejor calidad.
Como consecuencia, quienes cuentan con in-
gresos más elevados tienen mayores oportuni-
dades de curase en caso de enfermedad, suelen
vivir más tiempo y sus hijos están mejor prepa-
rados para competir por un buen puesto de tra-
bajo. Esto se hace especialmente evidente en el
caso de muchos países poscomunistas, en los
que la oferta pública (ya) no es buena debido a
la falta de recursos financieros, y que, además,
ha desarrollado un racionamiento informal de
las prestaciones combinado con la exigencia de
pagar sobornos para obtenerlas. Incluso en paí-
ses que en su día presentaban escenarios relati-
vamente igualitarios, como Alemania, surgen
sistemas sanitarios y educativos de dos velocida-
des, aunque de manera menos pronunciada.
Si comparamos los países europeos 1) en re-
lación con su distribución salarial y 2) en rela-
ción con la proporción que representa el gasto
social dentro del producto interior bruto, resalta
que los países (escandinavos y de la Europa oc-
cidental) que dedican una porción relativamente